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miércoles, 19 de diciembre de 2007

Declararon el estado de emergencia para aborígenes en Chaco

YA MURIERON 22 PERSONAS
http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=3&seccion=&id_nota=39122

El gobierno chaqueño dispuso el lunes pasado la emergencia sanitaria, alimentaria, educativa y de viviendas y ordenó la constitución de un Comité intergubernamental para resolver la severa crisis humanitaria que derivó en 22 muertes como consecuencia de la desnutrición entre tres pueblos indígenas, según informó ayer el diario Perfil.com.

El gobernador Jorge Capitanich, junto a todo su gabinete recibió a Orlando Charole y Egidio García, del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), que se presentaron junto a 300 delegados toba, mocoví y wichí para asistir a la firma de tres decretos en la Casa de Gobierno provincial.

El decreto 116 dispone el Relevamiento Topográfico, Poblacional y la Mensura Perimetral de la Reserva Indígena de El Impenetrable Chaqueño, en el departamento General Güemes, medida largamente esperada por los indígenas.

El desastre humanitario llevó al Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino a presentar una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a su turno, ordenó que "de inmediato" se tomen medidas a favor de los indios que viven en el Impenetrable chaqueño.

La medida dictamina que los títulos de propiedad resultantes del relevamiento y las mensuras " serán únicos, comunitarios, inembargables, intransferibles, indivisibles e imprescriptibles" y otorga un plazo de seis meses, que pueden ser prorrogados, para que se ejecute, es decir para que los indígenas sean dueños de los territorios.

El decreto 115, en tanto, apunta a la crisis humanitaria específicamente porque establece que se podrá requerir asistencia a la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Cruz Roja Argentina, entre otras organizaciones, " para evitar que se sigan perdiendo y deteriorando vidas y el estado de salud en que se encuentran".

Finalmente, el decreto 117, refiere al establecimiento del "programa de trabajo de propiedad y titularización de todas las Tierras Indígenas"; lo que acuerda que una información preliminar ascendería a las 351.000 hectáreas.