La empresa arrocera que tiene cultivos en La Leonesa y Las Palmas preocupó a sus pobladores, organizaciones no gubernamentales e instituciones de bien público que dieron lugar a denuncias por el impacto negativo que provoca en la salud humana el uso de agrotóxicos.
El tema será planteado a ámbitos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero “ante la gravedad de la situación, la inversión de la carga de la prueba y suspender la aplicación de agrotóxicos hasta que se demuestren no afectan a la salud pública”.
Esta es la posición que asumió la comisión de Salud y Medio Ambiente de Carta Abierta Chaco tras señalar que en marzo de 2009 se constituyó para analizar el caso la Comisión Nacional de Investigaciones por Agroquímicos del Ministerio de Salud Pública de la Nación, por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Decreto 21/09, la cual estuvo a cargo de técnicos de larga y reconocida experiencia en el Ministerio de Salud Pública.
Graves denuncias
En el texto que lleva las firmas de Analía Otaño, Alicia Sorrentino, Ana María Urbinati, Adrián Sorrentino, Gary Pérez, Hugo Deschutter y Santiago Montaldo se apuntó pobladores de ambas localidades del Departamento Bermejo hicieron denuncias por la aparición de enfermedades desconocidas hasta el momento como “abortos provocados naturalmente, malformaciones en recién nacidos, alergias en vía respiratoria, erupciones en la piel y diversas tipologías de cánceres, entre otras, que en muchos de los casos le han llevado a la muerte”.
En Las Palmas y La Leonesa se “sospecha que las causas de dichas enfermedades es consecuencia del insuficiente control de las deforestaciones en nuestra zona, de la cual están degradando nuestro suelo; fumigaciones aéreas con productos contaminantes que llevan a cabo empresas arroceras en el territorio poblado denominado barrio La Ralera”.
Carta Abierta Chaco alerta que en sus conclusiones esa comisión nacional indica que 1) Las arroceras se encuentran en un proceso de expansión que en algunos casos han redireccionado los cursos de agua y han llevado la producción a los bordes de las áreas urbanas; 2) Las denuncias comunitarias tienen fundamento justificado: se reconocen evidencias claras del impacto de agro tóxicos donde como límite existen alambrados sin cortinas arbóreas; 3) El impacto sobre la salud humana, “de ninguna manera puede ser descartado; 4) Los elevados requerimientos de agua que tiene la producción arrocera, con vías de riego y drenaje en un paisaje naturalmente rico en cursos de agua de diversa importancia con numerosas interconexiones naturales y otras producidas por el hombre conllevan importantes riesgos para las comunidades asentadas en esos territorios.
Por ello se recomendó que “el ordenamiento territorial debe prestar atención a la población radicada y asegurar que cualquier proceso de desarrollo económico respete su derecho a un hábitat seguro”, que “deben fijarse, y fiscalizarse adecuadamente, reglas de juego claras. Por ejemplo, requerir cortinas arbóreas en los predios para cultivo que requieran el empleo de agroquímicos, e impedir la dispersión aérea de agroquímicos en un radio no inferior a 5.000 metros de todo lugar habitado, sea éste urbano o rural”.
También se sugirió “extremar las medidas precautorias de la calidad de los cursos de agua y mantener un sistema de vigilancia que asegure que no se devuelvan aguas contaminadas a cursos libres” y que era necesario “llevar a cabo una evaluación epidemiológica para evaluar las condiciones sanitarias de la población de Las Palmas, la Leonesa y de los pobladores rurales del entorno de ambas arroceras” a la vez que “acelerar los trámites necesarios para poder aplicar en el Chaco la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.
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