Estamos debatiendo en Chaco la modificación de la Ley de Biocidas, que con modificaciones y complementaciones rige la actividad desde 1988 hasta la fecha. Hemos participado durante el pasado año de dos jornadas públicas donde distintos sectores expresaron sus posiciones a favor o en contra de la nueva ley propuesta.
Organizaciones sociales, organizaciones de productores familiares, vecinos de localidades afectadas por las pulverizaciones e investigadores se manifestaron a favor de una legislación precautoria para salvaguardar el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano, sin estar sometidos a pulverizaciones con agrotóxicos.
Que los biocidas causan daños en la salud no es novedad: cientos de investigadores lo afirman; y no es una cuestión ideológica, es algo que está probado en ensayos de laboratorio y en investigaciones de campo, ejemplo las que se realizaron en el área hortícola de Buenos Aires, en el área de producción de soja en Santiago del Estero, en el área tabacalera misionera, el estudio de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada durante la gestión del gobernador Capitanich, con la participación del Ministerio de Salud local y de la Nación, etc.
El principio precautorio establece que para proteger a la sociedad de los efectos de sustancias susceptibles de ser perjudiciales es necesario un enfoque de precaución que exija que se tomen medidas para limitar la aportación de esas sustancias, aun antes que se haya establecido una relación de causa a efecto desde pruebas científicas incontestables.
Lamentablemente, muchas muertes, muchas personas con graves deficiencias, muchos seres humanos condenados a una “no vida” fueron necesarios para que se prohibieran biocidas que se lanzaron al mercado para solucionar supuestos graves problemas, si bien luego se pudo evidenciar sus altos riesgos y efectos nocivos en la salud de la población, así como su alta persistencia ambiental.
En 1948 Paul Müller obtuvo el Premio Nobel por descubrir la efectividad del DDT como veneno contra varios artrópodos. Catorce años después comenzaron a exponerse los peligros ecológicos derivados de la utilización del DDT. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos lo prohibiría en 1972.
Hace unos años Alemania decidió retirar del mercado dos plaguicidas de amplio uso en Argentina; el imidacloprid y el fipronil. Dicha prohibición se basó en investigaciones que indicaban su incidencia en la vida de las abejas, provocando alteraciones en el sistema nervioso hasta producir su muerte.
El 2,4,5 T, el “agente naranja”, fue utilizado en Vietnam; en Argentina se utilizó hasta ser prohibido en 1984. Este, junto con el paration y el clordano, fueron prohibidos por su impacto en la salud.
Muchas muertes están asociadas a los biocidas. Es tiempo de ponerle un freno y legislar para la vida. La historia enseña que muchos productos que en su momento fueron considerados beneficiosos, solo trajeron más muertes y tragedias. Tienen hoy los legisladores del Chaco la oportunidad de legislar a favor de la vida, legislando en base al principio precautorio, prohibiendo las pulverizaciones aéreas, prohibiendo la aplicación terrestre dentro de un radio de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas, periurbanas, escuelas, viviendas, centros de salud rural, cursos y fuentes de agua, parques y zonas protegidas, etc.; y un segundo perímetro similar que permita la aplicación exigua de agroquímicos.
Tienen hoy la oportunidad los legisladores de comenzar un proceso que permita que el Chaco sea en un plazo no mayor a diez años, una provincia productora de alimentos y fibras libres de biocidas. Tienen hoy los legisladores del Chaco la oportunidad de demostrar que están a favor de la vida, a favor del pueblo, cuidando su salud y el medio ambiente, y no a favor de los intereses de un sector concentrado de la economía, que solo deja tras sí el rastro de la miseria, la contaminación, la enfermedad y la muerte.
Mesa Provincial Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO Chaco)
Mayo de 2012
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